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La Grabación oculta de una conversación , sirve como prueba a la hora de un despido

El permiso de Maternidad no altera el periodo de prueba

La empresa no tiene por qué exigir el parte de baja si no supera los 3 días

Despido por comentarios ofensivos en Blog

Despido Disciplinario por cobrar un salario superior

Se anula examen de Opositora a punto de dar a Luz

No obligatoriedad de las empresa de realizar un registro horario de la jornada ordinaria.

Acoso Laboral, como defenderse

Despido Nulo Profesora tratamiento fecundación In Vitro

DGT cuando Multa a un ciudadano tiene el deber de averiguar el domicilio del sancionado para hacerle llegar la notificación.

Sanción empresa por Vulneración de los Derechos Sindicales

Pensión de orfandad a los hijos de un alcohólico que no tenía trabajo

Indemnización a un premiado de la Primitiva, por difundir en medios de Comunicación sus datos personales

Hoteles Exentos de pagar Canon de Televisiones

Prevaricación profesor Universitario por aprobar un alumno que no se examinó

Discriminación laboral en dos casos de bajas por embarazo de riesgo

Procedimiento extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo indebidas

El Tribunal Supremo avala la entrega de las nóminas en soporte informático y no en papel

Los tribunales españoles comienzan a aplicar la sentencia sobre las cláusulas suelo del TJUE

El Permiso de Paternidad se amplia de dos a Cuatro semanas a partir del año 2017

La Cesta de Navidad, derecho de los trabajadores

El juez puede suspender la pensión alimentaria si el progenitor pide ayudas

La difusión por televisión de imágenes y datos que permitan identificar a una víctima de violencia de género vulnera su derecho a la intimidad

El tiempo dedicado a justificar la ausencia es parte de la jornada laboral

No supervisar el desajuste en la caja de una tienda es motivo de despido

Procedencia del despido de un profesor que mantuvo conversaciones amorosas a través de Whatsapp con una alumna menor de edad

TS: a efectos del cómputo de antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos, se incluye el tiempo en que no se han prestado servicios efectivos

La Unión Europea aprueba una Directiva para garantizar la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales

Pagos anticipados por adquisición de vivienda se extienda a la anulación compraventa por vicios urbanísticos

El TS reconoce el derecho de una abuela a visitar a sus nietas, pese a la pésima relación que mantiene con los padres

Un tribunal ordena el retorno de un menor preadoptado a su madre biológica

Las personas con discapacidad ya no necesitan certificado médico para excusar ser miembro de una mesa electoral

El Supremo amplía los criterios para el cobro único del paro en autónomos

Se puede notificar el despido sin dar el criterio de selección

Responsabilidad de una clínica por fecundar indebidamente a una mujer con espermatozoides no provenientes de su pareja

Condenada una compañía a pagar una indemnización por muerte tras el suicidio del tomador

El Supremo admite un fallo extranjero como prueba de matrimonio

Un pagaré tiene validez como medio de pago de la indemnización por despido si se entrega con la carta y tiene vencimiento el mismo día

No procede la instalación de aparatos externos de aire acondicionado en la fachada interior de un edificio que cuenta con preinstalación al efecto

Solo puede acordarse la guarda y custodia compartida cuando la solicite al menos uno de los progenitores

1 de julio: entra en vigor la validez de la firma electrónica en todo el territorio de la Unión Europea.

Mandar “a la mierda” por whastapp a tu pareja sentimental, constituye delito leve de injurias en el ámbito familiar

La empresa no tiene que pagar traje y corbata a los trabajadores

La UE elimina la necesidad de autenticación o compulsa de los documentos oficiales de uso común por los ciudadanos entre los Estados miembros

Es Lícito alquilar apartamentos turísticos, siempre que no genere conflicto con los vecinos

Es nula la rebaja unilateral del empresario de las asignaciones en Dietas 

El Tribunal Supremo anula la sanción a un Guardia Civil, por la frase de presentación que tenía en su » Whatsapp»

Responsabilidad del titular de una página web por los comentarios ofensivos para terceros publicados en la misma, con su conocimiento

La policía no puede observar con prismáticos el interior de una vivienda sin autorización judicial

La implantación de una política de low cost en la empresa no justifica una modificación sustancial de las condiciones de trabajo

El monitorio ya puede iniciarse fuera de la ciudad de la sede

La prueba con cámara oculta es admisible cuando resulta ‘socialmente útil’

El plazo de 3 días para reincorporarse tras un despido improcedente previsto en el art. 278 LRJS no computa sábados, domingos ni festivos

Una elevada distancia entre el domicilio de los progenitores, hace inviable la atribución del régimen de guarda y custodia compartida

El TC aclara su doctrina sobre el uso de cámaras de videovigilancia en la empresa

La pensión de Alimentos a cargo de los Abuelos, no incluye gastos extraordinarios

 

El Tribunal Supremo aumenta la indemnización a una joven parapléjica

 

Un Estado puede denegar prestaciones a nacionales de otros Estados

 

La empresa debe registrar las horas de trabajo

 

Empresario puede controlar “email” del empleado

 

El TS concede pensión de viudedad por Violencia de Género pese a que el marido fue absuelto

 

El TS reconoce por primera vez a un trabajador eventual de la Administración el derecho a percibir trienios

 

El Supremo Declara Abusivas 32 Cláusulas en Hipotecas

 

Un Juzgado no aprecia el eximente de Estado de Necesidad, por intentar robar una gallina para comer

El tiempo de «bocadillo» no disfrutado supone un exceso sobre la jornada habitual exigible, que debe ser retribuido

 

El salario mínimo interprofesional y pensiones para 2016

 

A efectos de Extinción de la pensión Compensatoria, hay que estar a la voluntad de los cónyuges en el convenio regulador

 

El Gobierno introduce mejoras en la jornada laboral de los funcionarios con hijos

 

Los tribunales confirman que la fibromialgia es motivo para la declarar la invalidez permanente absoluta

El Gobierno aprueba un Real Decreto por el que se regula LEXNET

 

Una Empresa no puede comunicar a otra la causa de un despido de un trabajador para incluirlo en una “Lista Negra”

 

Los propietarios de los garajes tienen derecho al uso piscina comunitaria salvo que en el título constitutivo o en los Estatutos se establezca lo contrario

 

El cambio de una condición laboral no se puede realizar unilateralmente

 

Rafael Catalá confirma que en 2016 estará operativo el ‘sistema de Justicia 24 horas’

 

El Calendario laboral de 2016: 12 días festivos y 8 de ellos comunes en todas las autonomías

 

Las Demandas por Despido Caen un 9% en el Segundo trimestre del 2015

 

La Empresa no podrá obligar al trabajador a dar su móvil o email en el contrato

 

El TS admite el pacto para aplazar el pago de parte de la indemnización debida por un ERE

 

 El Fogasa reduce un 17% los expedientes pendientes de resolución en dos meses

 

Valor probatorio de la declaración del imputado ante la Policía no corroborada en sede judicial

 

El Gobierno pondrá en marcha el Tablón Edictal Único en el BOE a partir del 1 de junio

 

El personal sanitario inscribirá a los recién nacidos en el Registro Civil a partir del 15 de octubre

 

El Supremo ve abusivos los intereses de demora dos puntos superiores al tipo habitual

 

 

Comunicación entre Abogados y Procuradores Telemáticamente

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reafirmó ayer martes en su compromiso de que las comunicaciones por vía telemática de los juzgados con los abogados y procuradores serán una realidad a partir del 1 de enero de 2016. «Más que parecer algo de ciencia ficción, es la realidad de la España del 2015 y va a ser la realidad de la Justicia del siglo XXI», añadió

 

 

 

Así ha respondido Catalá durante la sesión plenaria del Senado al ser preguntado por la ‘popular’ Carmen Torres sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para acelerar la Justicia en los entornos digitales para prestar un servicio ágil, moderno, eficaz y cercano al ciudadano. El ministro ha destacado como la propuesta más «inmediata» y «visible» el hecho de que las comunicaciones entre abogados y procuradores con los juzgados se realizarán «exclusivamente» por vía telemática a partir del 1 de enero de 2016. Para ello, ha explicado que se aprobarán protocolos con los colegios profesionales y que, además, los más de 250.000 abogados y 10.000 procuradores tendrán acceso a través de una página web al estado del proceso en el que participen. Los ciudadanos podrán además recibir notificaciones y comunicaciones gracias al correo electrónico o a SMS.

 

 

(Fuente Aranzadi)

 

Constituido el grupo de trabajo entre la Abogacía y Justicia para tratar los asuntos que preocupan al CGAE

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, recibió el pasado lunes 3 de noviembre al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, para poner en marcha un grupo de trabajo en el que participarán miembros de ambas instituciones para abordar los asuntos que más preocupan a los abogados. Constituido el grupo de trabajo entre la Abogacía y Justicia para tratar los asuntos que preocupan al CGAE

Durante el encuentro, los representantes del Ministerio y  de la Abogacía Española han tratado la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, así como las tasas judiciales, que el ministro ya anunció que revisará para proceder a su mejora en función de la repercusión que hayan tenido sobre ciudadanos y empresas.

También se ha abordado en el encuentro la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estatuto de la Víctima, los colegios profesionales y la separación de las carreras de abogado y procurador.

Reunión con las mesas sindical y sectorial

Por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también se ha reunido el martes 04 de noviembre con  los sindicatos con representación en la Administración de Justicia para dialogar sobre tasas judiciales, el nuevo Registro Civil o el empleo público en los juzgados y tribunales.

La Mesa Sindical tendrá lugar dos días antes de que se produzca la Conferencia Sectorial que acogerá a los representantes de las comunidades autónomas con las competencias transferidas.

Las autonomías pedirán se pague con cargo a las tasas judiciales los abogados de oficio, tal y como prometió Alberto Ruiz-Gallardón cuando aprobó sus polémicos gravámenes cuya recaudación finalmente no ha ido destinada a la financiación de la justicia gratuita.

Las plataformas sindicales defenderán ante el Gobierno su exigencia de derogar las tasas -que llegan hasta los 800 euros en apelación o 1.200 euros en casación-, mantener los juzgados de paz y convocar una oferta de empleo público para reducir el alto índice de eventualidad y número de interinos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reivindicará que el Registro Civil siga al cargo de funcionarios públicos, la derogación de la Ley de Tasas o la supresión de la condena en costas para los funcionarios que demanden a la Administración teniendo en cuenta que no existe para el resto de los trabajadores en el orden social, según ha explicado a Europa Press el presidente del área nacional de Justicia, Francisco Lama.

Oferta de empleo público Desde CCOO, el portavoz del sector Justicia Ramón Alvaré ha explicado reclamará la convocatoria de una oferta de empleo público de 12.000 plazas, que ahora están cubiertas por interinos en el ‘territorio Ministerio’ y las comunidades con competencias en esta material, lo cual no tendría un coste adicional. En su opinión, el 50% de la tasa de reposición es insuficiente.

Por su parte, STAJ insistirá en su malestar por la «privatización» del Registro Civil y defenderá el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, advirtiendo de que no dudará en emplear «todos los mecanismos de movilización» necesarios si existe el más mínimo riesgo para los funcionarios afectados.

Catalá ha mantenido encuentros con cada uno de los sindicatos y este martes reunirá a todos ellos para discutir sobre las reformas pendientes en su departamento. Desde su llegada al Ministerio, ha mostrado un talante conciliador, ha prometido revisar las tasas en primera instancia para las personas físicas y ha retirado la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, apostando en su lugar por medidas de carácter organizativo más  realizables y menos polémicas que el otro anteproyecto.

( Fuente Legal today )

Martes 21 Octubre 2014

El Gobierno promoverá que haya personas con discapacidad en los tribunales

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha asegurado que el Gobierno promocionará que haya personas con discapacidad en los jurados u órganos de selección de funcionarios o empleados públicos en aquellos sectores en los que se registre una presencia importante de este grupo de población.

Se trata de una iniciativa de sensibilización que buscará dar mayor calidad y seguridad en el empleo a las propias personas con discapacidad, según Susana Camarero.

Porque ésta es, precisamente, una de las tareas que con carácter prioritario va a abordar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante los próximos meses: no es sólo favorecer que las personas con discapacidad accedan a puestos de trabajo, sino también desarrollar «políticas públicas que contemplen todas las fases y matices del proceso: la selección, la carrera profesional, la formación en el puesto de trabajo, la seguridad y salud laboral, la conciliación, la accesibilidad plena de estos trabajadores y la discapacidad sobrevenida», en palabras de la secretaria de Estado.

Camarero, en este sentido, ha abogado por «atender y dar respuesta a nuevas necesidades y a nuevas demandas para que sea una realidad la inclusión de los empleados con capacidades diferentes».

Políticas de discapacidad

Camarero ha aportado datos para ilustrar que se está avanzando: la contratación a personas con discapacidad ha aumentado un 20% al cabo del primer semestre de 2014, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde 2011, además, las ofertas de empleo de las administraciones públicas reservan un cupo de al menos el 7% de las vacantes, entre las que el 2% han de recaer en personas con discapacidad, y esto, ha recordado Camarero, es «algo» que «durante muchos años se ha estado incumpliendo de manera sistemática».

Por otra parte, la oferta de empleo público para 2014 guarda un total de 174 plazas para personas con discapacidad, y de ellas 46 irían destinadas a personas con discapacidad intelectual, por los que sus contenidos y exámenes se adaptarían convenientemente.

Sin embargo, las tasas de actividad entre las personas de este grupo poblacional son bajas respecto a las del resto, y ello, en consecuencia, convierte en factor de «vital importancia» la adaptación y la accesibilidad.

La secretaria de Estado, asimismo, ha recordado la labor que entidades como CERMI o la ONCE desempeñan en la promoción del empleo público. Ejemplos de ello son el premio CERMI.ES 2012 a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o el convenio entre el Instituto Nacional de la Administración Pública, el CERMI y la Fundación ONCE para el desarrollo conjunto de acciones que se dirijan a fomentar el conocimiento de la discapacidad, mejorar la formación y estimular la concienciación.

( Fuente El Derecho)

Martes 07 Octubre 2014

Las demandas colectivas chocan con el sistema judicial español

Las demandas colectivas en España han pasado de ser unas grandes desconocidas a convertirse en la única solución frente a asuntos como las participaciones preferentes, las cláusulas abusivas o los cobros indebidos en facturas. Tanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu) como la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) amparan este sistema de denuncia para las asociaciones de consumidores y al ministerio fiscal, pero la herramienta sigue sin funcionar correctamente y muchas de estas acciones no son admitidas a trámite por los tribunales.
«Aunque contamos con el apoyo de la ley, existen problemas procesales y siguen faltando procedimientos eficaces para llevar a buen puerto estas demandas. Por esa razón, actualmente, el consumidor está desprotegido y los poderes públicos están olvidando el artículo 51 de la Constitución, que les obliga a que se garantice correctamente la defensa de los consumidores», explicó ayer José María Paz, fiscal jefe de la sala civil del Tribunal Supremo, durante la jornada Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores, organizada por Asociación de Usuarios de Bancos, Caja y Seguros de España (Adicae).
En esa misma línea se movió Carlos Varela, fiscal superior de Galicia, quien comentó que la LEC «establece en su articulado las bases de los procesos colectivos, aunque de manera dispersa y fragmentada. El problema real es que nuestra legislación adolece de una herramienta sistemática frente a las denuncias colectivas. El legislador sigue apostando por las acciones individuales y no diseña un sistema correcto para resolver los conflictos de masas».
Varela se felicitó de que la última reforma de la ley de usuarios y consumidores haya incluido, en su disposición adicional segunda, que el Ministerio Fiscal esté legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores, algo que hasta el momento se limitaba a las acciones de cesación, pero pidió más esfuerzos. «España, en relación a otros países, como Brasil, tiene un enorme retraso que recuperar en cuanto a las demandas colectivas. Tenemos que seguir realizando reformas en los sistemas penal y civil para adecuarlos a esta nueva realidad», añadió.
Pablo Mayor, miembro del equipo jurídico de Adicae, se mostró muy contundente y explicó que, actualmente, «parece existir una verdadera aversión hacia las acciones colectivas entre los jueces. Sólo espero que la antipatía hacia este tipo de demandas no tenga que ver con el complemento de productividad que cobran los magistrados por el número de causas resueltas».
Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos Vicente, insistió en la necesidad de reformar las normativas para permitir una tutela efectiva ante este tipo de casos, pero se mostró más conciliador mediante la búsqueda de soluciones. «Animó al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que aporten medios suficientes para que los tribunales cuenten con toda la ayuda para hacer frente a las demandas colectivas. Estas acciones conllevan una carga de trabajo superior, por eso, los jueces que actúen en estos asuntos siempre deberían tener dos o tres jueces de apoyo para facilitar su labor».
Posibles soluciones Ante los problemas para llevar a cabo acciones colectivas en España, los ponentes de esta jornada apuntaron que la solución definitiva podría venir desde Bruselas. «En junio de 2013, la UE solicitó a los países miembros que hicieran esfuerzos por unificaran sus respuestas ante este tipo de demandas. También insistió en que los tribunales agrupasen acciones con las mismas pretensiones en una única, para potenciar así el acceso de los consumidores a la Justicia y contribuir a que ésta sea más eficaz mediante la reducción de procesos», dijo Varela.
El fiscal superior de Galicia explicó además que la UE ya ha dicho que en 2017 verificará entre sus miembros la implantación de estas mejoras en los sistemas judiciales, así que España deberá hacer un gran esfuerzo para ponerse al día.
(Fuente Expansión)

Lunes 29 Septiembre 2014

El nuevo ministro de Justicia desmonta el ‘legado Gallardón’: modifica la ley de tasas

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que modificará la ley de tasas judiciales como una de sus primeras actuaciones al frente del departamento y ha señalado, sin hacer mención expresa a Cataluña, que su responsabilidad será defender siempre el «imperio de la ley». En su discurso de toma de posesión en el Palacio de Parcent, Catalá ha señalado que retomará e impulsará las reformas pendientes del Ministerio de Justicia «desde el diálogo y el consenso» para buscar un gran acuerdo en materia de Justicia.

Como novedad, ha explicado que emprenderá el «análisis y la mejora» de la ley de tasas judiciales, que fue aprobada por las Cortes con el único apoyo del PP y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional. Catalá ha hecho este anuncio ante la atenta mirada de su antecesor en el cargo Alberto Ruiz-Gallardón, a quien ha agradecido su trabajo en el Ministerio, que dirigió hasta el pasado martes, cuando dimitió tras la retirada de la reforma de la ley del aborto.

En su primer discurso como titular de Justicia ha destacado la «intensa actividad legislativa» de su antecesor con «un amplio repertorio de propuestas -ha dicho-«, si bien, ha precisado, «es el momento de fijar prioridades«. La revisión de la justicia penal, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la mejora de la justicia gratuita, la implantación de un sistema ágil y eficaz en el Registro Civil así como la dotación de plazas de jueces y fiscales serán los primeros asuntos que atenderá el nuevo ministro.

El nuevo titular de la cartera comenzará su camino en el Ministerio desmontando el legado del exministro, que tuvo una gestión cada vez más cuestionada. De hecho, el Tribunal Constitucional se puso manos a la obra para estudiar el recurso contra las tasas judiciales que aprobó el Gobierno a finales de 2012 y que están causando un gran malestar en toda la carrera judicial, desde los propios jueces hasta abogados y procuradores, sin incluir al propio ciudadano que ha visto cómo el acceso a la Justicia se ha encarecido notablemente.

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que modificará la ley de tasas judiciales como una de sus primeras actuaciones al frente del departamento y ha señalado, sin hacer mención expresa a Cataluña, que su responsabilidad será defender siempre el «imperio de la ley». En su discurso de toma de posesión en el Palacio de Parcent, Catalá ha señalado que retomará e impulsará las reformas pendientes del Ministerio de Justicia «desde el diálogo y el consenso» para buscar un gran acuerdo en materia de Justicia.

Como novedad, ha explicado que emprenderá el «análisis y la mejora» de la ley de tasas judiciales, que fue aprobada por las Cortes con el único apoyo del PP y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional. Catalá ha hecho este anuncio ante la atenta mirada de su antecesor en el cargo Alberto Ruiz-Gallardón, a quien ha agradecido su trabajo en el Ministerio, que dirigió hasta el pasado martes, cuando dimitió tras la retirada de la reforma de la ley del aborto.

En su primer discurso como titular de Justicia ha destacado la «intensa actividad legislativa» de su antecesor con «un amplio repertorio de propuestas -ha dicho-«, si bien, ha precisado, «es el momento de fijar prioridades«. La revisión de la justicia penal, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la mejora de la justicia gratuita, la implantación de un sistema ágil y eficaz en el Registro Civil así como la dotación de plazas de jueces y fiscales serán los primeros asuntos que atenderá el nuevo ministro.

El nuevo titular de la cartera comenzará su camino en el Ministerio desmontando el legado del exministro, que tuvo una gestión cada vez más cuestionada. De hecho, el Tribunal Constitucional se puso manos a la obra para estudiar el recurso contra las tasas judiciales que aprobó el Gobierno a finales de 2012 y que están causando un gran malestar en toda la carrera judicial, desde los propios jueces hasta abogados y procuradores, sin incluir al propio ciudadano que ha visto cómo el acceso a la Justicia se ha encarecido notablemente.

(Fuente el Confidencial)

Martes 23 Septiembre 2014

Gallardón dimite y deja la política tras el fracaso de la ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dimitido sólo cuatro horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara la retirada de la reforma de la ley del aborto. Gallardón comunicó la semana pasada al jefe del Ejecutivo su intención de dejar el cargo al sentirse desautorizado en relación con un texto legal que apadrinó con fervor. Hoy, tras hablar de nuevo con Rajoy, lo confirmó en conferencia de prensa: «Yo no soy la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva forma de regulación del aborto que ha sido anunciada por el presidente del Gobierno». Gallardón abandona la política tras 30 años de actividad. En los próximos días renunciara a su escaño en el Congreso de los Diputados y a sus cargos en el Partido Popular.

Ruiz-Gallardón ha sido tajante al afirmar que no asumirá «ningún puesto de responsabilidad política, después de haber estado al frente de la Alcaldía, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia». «Mi vida política la debo dar por agotada», ha remarcado.

El ministro ha resumido así el fracaso que le ha llevado a dimitir: “Yo asumí el compromiso de reformar la ley del aborto como consecuencia del encargo de responsabilidades que se hizo en el Gobierno a comienzos de legislatura. Lo hice de acuerdo con lo que había sido la doctrina de nuestro partido y con el criterio establecido en el recurso de inconstitucionalidad de nuestro partido contra la Ley de 2010, y de acuerdo con el criterio del Constitucional que hasta tres veces distintas se ha pronunciado sobre el asunto. El Gobierno ha tomado la decisión de no seguir adelante con este anteproyecto de ley. No he tenido capacidad de convertir el anteproyecto aprobado en consejo de ministros en un proyecto y tramitarlo ante las Cortes tal y como era el compromiso que habíamos adquirido en el propio Gobierno”.

El ministro de Justicia defendió en su última comparecencia ante la prensa la reforma legal que elaboró y que Rajoy ha decidido retirar pese a ser un compromiso electoral del PP.

El anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2013, apostaba por la regulación más restrictiva de la democracia sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El texto elaborado por el Ministerio de Justiciarecogía todos los principios que el Partido Popular defendió en el recurso de inconstitucionalidad presentado hace más de tres años contra la Ley de Plazos que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pese a ello, el presidente Mariano Rajoy decidió retirar el anteproyecto en la fase final de su tramitación, lo que Ruiz-Gallardón interpretó como una desautorización mayor con la que no podía convivir más tiempo al frente del ministerio.

Gallardón trasladó hace unos días a Rajoy su intención de dimitir tras conocer que el texto que había preparado su departamento iba a ser retirado definitivamente. El presidente intentó convencer al ministro de Justicia para que permaneciese en su puesto pero siempre bajo la premisa de que la reforma de la ley del aborto no saldría adelante, según indicaron a este periódico varias fuentes gubernamentales. Esa situación abocaba al ministro de Justicia a ser, aún más, la diana perfecta de la oposición, que le castiga cada semana con preguntas sobre una reforma legal que ha sido desautorizada por el Gobierno al que pertenece.

El ministro, cuyo mandato ha estado salpicado por una fuerte contestación de distintos colectivos judiciales en relación con los proyectos de Ley que ha tramitado desde su departamento, optó por dejar el cargo cuando queda apenas un año para que acabe la legislatura.

Gallardón es el primer ministro que abandona por voluntad propia el gabinete de Mariano Rajoy. Su paso por el Ministerio de Justicia apenas ha dejado leyes importantes. Todas las que anunció para «revolucionar y modernizar» la administración de Justicia, como la reforma del Código Penal; la Ley del Poder Judicial o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están empantanadas en el Congreso o no han logrado salir de su departamento pese a que fueron anunciadas hace mucho tiempo.

El ministro de Justicia ha amagado más de una vez con abandonar la política. La última, cuando Mariano Rajoy le negó en 2008 su presencia en las listas electorales tras las quejas planteadas por la que entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Al final, Gallardón se mantuvo como alcalde de Madrid, donde consiguió dos mayorías absolutas como al frente de la Comunidad de Madrid, y esperó a las próximas elecciones generales de 2011. Entonces Rajoy sí le llevó en su candidatura y, tras lograr la mayoría absoluta, le nombró ministro de Justicia.

En ese momento recibió un encargo envenenado: redactar el texto de la nueva Ley del Aborto, que podía haber recaído en el ministerio de Sanidad. El PP había prometido en su programa electoral un cambio legislativo sobre el aborto con una frase tan ambigua que le permitía al Gobierno elaborar una ley muy restrictiva o tramitar una reforma mínima sin tocar lo sustancial de la norma vigente: «Cambiaremos el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores».

En sus declaraciones públicas, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, sugirieron que la normativa que redactaría el Ministerio de Justicia se parecería mucho a la Ley de supuestos de 1985 que aprobó el Gobierno de Felipe González. Y así fue, aunque el anteproyecto aprobado por el Gobierno popular eliminaba uno de los tres supuestos -el de malformación- y endurecía los requisitos para la interrupción voluntaria del embarazo.

El principal y casi único defensor público del anteproyecto de ley fue Alberto Ruiz-Gallardón, que sometió a consultas el texto y asumió suavizar su contenido tras aceptar algunas de las sugerencias formuladas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal. Con esas mínimas correcciones, Ruiz-Gallardón elaboró un texto que recuperaba el supuesto de la malformación y anunció públicamente su intención de llevarlo al Congreso antes de que pasara el verano. Pero el último consejo de ministros del pasado viernes le desmintió. Y el presidente Rajoy le acabó de rematar cuando anunció cuatro días después que el texto quedaba definitivamente encerrado en un cajón.

( Fuente el Pais )

Martes 16 Septiembre 2014

 

La Ley de Custodia Compartida sigue sin fecha de aprobación

La Ley de Custodia Compartida sigue sin fecha de aprobación

El proyecto de Ley de Custodia Compartida sigue pendiente de aprobación en Consejo de Ministros a la espera de que el Consejo de Estado emita su correspondiente informe, según se desprende de una respuesta del Gobierno dirigida a UPyD, que ha sido recogida por Europa Press.

UPyD señala que el 13 de junio del 2012, el ministro de Justicia se comprometió a presentar en el plazo de seis meses una Ley nacional de Custodia Compartida, que priorizase el derecho del menor por encima de los progenitores y en la que sea el juez quién considere lo más conveniente para el niño.

El Gobierno indica que el anteproyecto de ley fue sometido en primera vuelta al Consejo de Ministros en junio de 2013, la Fiscalía emitió su informe con fecha de septiembre de 2013, y posteriormente se dio a conocer el informe del Consejo General del Poder Judicial al respecto.

«Actualmente el Ministerio de Justicia está a la espera de que el Consejo de Estado emita el correspondiente informe», señala la respuesta del Ejecutivo a UPyD.

(Fuente El Derecho)

Viernes 12 Septiembre 2014

Los aspirantes a presidir la Sala de lo Penal proponen agilizar la tramitación de los casos de corrupción

Los tres magistrados que aspiran a presidir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido, han propuesto medidas para agilizar la tramitación de los casos de corrupción y las causas con preso, asíc omo para mejorar los procesos sobre aforados.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial votarán el 30 de septiembre al sustituto del actual presidente Juan Saavedra, quien se jubila hoy.

Marchena, quien cuenta actualmente con más apoyos para obtener el puesto, ha sido el último en exponer su curriculum. Considera fundamental apostar por la unificación de doctrina y que todos los jueces reciban un resumen de las resoluciones que provocan cambios jurisprudenciales.

Además, ha sugerido ofrecer formación sobre nuevas tecnologías a cada magistrado de la sala.

Cándido Conde-Pumpido ha expuesto todo un proyecto de reforma de la Sala de lo Penal basado en cinco puntos de los que destacan reformas dirigidas a evitar que los magistrados encargados de admitir causas con aforados no sean los mismos que les juzguen y la creación de una sala, integrada por el presidente y los tres más antiguos, que coordine para evitar contradicciones en la jurisprudencia.

Ha resaltado que lo más importante es mejorar la seguridad jurídica del alto tribunal, para lo que propone crear la mencionada sección de coordinación y un grupo de trabajo dentro del gabinete técnico del tribunal que detecte esta contradicciones en el ámbito jurisprudencial. Igualmente, propone un nuevo sistema de reparto para mejorar el enjuiciamiento a aforados.

Finalmente, Conde-Pumpido citó como necesarias la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para introducir el modelo de fiscal instructor, el establecimiento de la doble instancia judicial y el aumento del catálogo de delitos.

Miguel Colmenero abogó por reducir a la mitad el tiempo de espera para resolver los recursos de casación que llegan sobre casos de corrupción, pasando de un año a seis meses. Apostó además por la «transparencia y la buen comunicación». A su juicio, ha propuesto la emisión de un boletín semanal o quincenal con las decisiones más relevantes, así como las del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la cohesión en la sala.

( Fuente El Derecho)

Miércoles 10 Septiembre 2014

Felipe VI y Lesmes se estrenan en la Apertura del Año Judicial

Como cada mes de septiembre, las altas instancias judiciales del Estado se reúnen para recibir un nuevo curso.

La Apertura del Año Judicial, que tiene lugar el día 10 de Septiembre en Madrid, cuenta en esta ocasión con la novedad de tratarse de la primera vez para dos de los principales protagonistas del acto.

El Rey Felipe VI, que tomó posesión del Trono el pasado mes de junio, acudirá al acto por primera vez en condición de Jefe del Estado, si bien no será un escenario nuevo para él, puesto que ya había asistido a la Apertura del Año Judicial en una ocasión, cuando en 2011 su padre, el Rey Juan Carlos I, debió ausentarse por una operación del tendón de Aquiles.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, también se estrena como anfitrión del acto, después de haber tomado posesión de su cargo en diciembre de 2013.

Al acto formal asiste también el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien forma parte de la mesa presidencial junto con Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que presenta la Memoria de la Fiscalía, relativa a 2013.

Al igual que todos los años, al acuden magistrados del Supremo, vocales del órgano de gobierno de los jueces, fiscales, representantes de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de Justicia así como dirigentes políticos como los miembros de las Comisiones de Justicia de las Cortes.

También han confirmado su asistencia el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, acompañado de varios miembros de este órgano; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcaldesa de la capital, Ana Botella y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, según informa Europa Press.

El protocolo del acto recupera el tradicional besamanos, que se celebra tras los discursos y que había sido suspendido en los últimos años por la imposibilidad del rey Juan Carlos de permanecer mucho tiempo de pie, según fuentes del Alto Tribunal.

(Noticia extraída del EXPANSIÓN)